SECCIÓN A: POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD EN CHILE
Antecedentes
Al inicio de la década de los 60, la mortalidad materna y en especial, la mortalidad por aborto, continuaba siendo elevada, causando alrededor del 35 a 40% de todas las muertes maternas.
En 1962, el Dr. Gustavo Fricke, Director General del SNS, convocó a una Comisión Asesora en Política de Regulación de la Fecundidad, cuyo objetivo fue el de elaborar estrategias para reducir la alta incidencia de abortos inducidos y sus complicaciones y disminuir el alto costo asociado a su tratamiento. Al mismo tiempo, un grupo de médicos, académicos y clínicos, promovió una iniciativa para enfrentar la llamada “epidemia” del aborto provocado. Así, ese mismo año, crearon la Asociación Chilena de Protección a la Familia (APROFA), afiliada luego a la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF por su sigla en inglés) para prestar asesoría al Ministerio de Salud en el desarrollo de las actividades de Planificación Familiar.
En 1964, durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, siendo Director General del SNS el Dr. Francisco Mardones Restat, se formuló la primera Política de Planificación Familiar del Gobierno de Chile como un componente de las actividades de protección de la salud materno-infantil.
El SNS inició, en 1965, las actividades de regulación de la fertilidad. Los principios que regían el Plan de Regulación de la Natalidad fueron dados a conocer a todo el país en Septiembre de 1966.
En 1967 se formuló la Política de Población y de Salud Pública, la que ha regido desde entonces las actividades de regulación de la fertilidad en el país. Sus objetivos fundacionales fueron:
– Reducir la tasa de Mortalidad Materna relacionada, en gran medida, con el aborto provocado clandestino.
– Reducir la tasa de Mortalidad Infantil relacionada con el bajo nivel de vida en sectores de población de alta fecundidad.
– Promover el bienestar de la familia, favoreciendo una procreación responsable que permitiese, a través de la información adecuada, el ejercicio y el derecho a una paternidad consciente.
Simultáneamente, se acumulaba evidencia de que no era suficiente atender bien cada embarazo y cada parto, las mujeres necesitan tiempo entre un embarazo y el siguiente para recuperarse física y psicológicamente. El abordaje de ambos problemas, la mortalidad por aborto provocado y la prolongación del intervalo entre los partos, requiere que las personas tengan acceso a la información y los métodos que les permitan decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos.
En 1990, se formularon las Bases para una Política de Planificación Familiar. En ella, el Gobierno de Chile reconoce el beneficio que logra la población con las actividades de Planificación Familiar, permitiéndole tener el número de hijos con el espaciamiento y oportunidad deseada. Por esta razón, se mantiene el apoyo a las actividades de Planificación Familiar en pro del logro de una adecuada salud reproductiva integral
En 1997, la Salud Sexual y Reproductiva fue definida como una de las 16 prioridades de salud para el país y en el Programa de Salud de la Mujer. Este mismo año se modificó el Código Sanitario para que la planificación familiar dejase de ser una “función delegada”, pasando a ser una “función propia” de la matrona. En la actualidad, este profesional realiza más del 90% de las actividades preventivas dirigidas a las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, en los establecimientos de atención primaria del sistema público.
Considerando los progresos en materia de evidencia científica sobre los métodos anticonceptivos y la evolución del marco conceptual en que se insertan las actividades de Regulación de la Fertilidad, en el año 2006 se promulgaron las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL). Un grupo de parlamentarios presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) solicitando la eliminación en dichas Normas de los capítulos sobre Anticoncepción de Emergencia y Dispositivos Intrauterinos, argumentando que eran métodos que inducían un aborto, y solicitando también que se eliminara la confidencialidad para la entrega de anticoncepción a las y los adolescentes porque afectaría el derecho de los padres a educar y cuidar a sus hijas/os. En Marzo del año 2008, el TC sólo acogió este requerimiento en lo que se refería a anticoncepción de emergencia estableciendo la prohibición de entregarla en los servicios públicos de salud (excepto en casos de violación), fundamentado su decisión en que se ha demostrado fehacientemente que no sea abortiva.
A partir del año 2011, entra en vigencia la ley 20.533, que “Modifica el Código Sanitario, con el objeto de facultar a las matronas y matrones para recetar anticonceptivos. En su versión actual, las presentes Normas sobre la Regulación de la Fertilidad, corresponden a una actualización realizada el 2013 y 2014 de las normas sobre esta materia que el MINSAL promulgó el año 2006 para regular el acceso y la calidad de estos servicios. Incluyen un marco conceptual de acuerdo al espíritu y contenido de las leyes vigentes, la evidencia científica más reciente sobre todos los métodos anticonceptivos y orientaciones para los servicios centradas en los derechos, las necesidades y las condiciones de salud de las personas que se atienden.
Impacto de las Actividades de Regulación de la Fertilidad en Chile
Han tenido, desde su inicio, cobertura nacional para toda la población beneficiaria legal, sin restricciones de acceso, y su provisión se ha realizado en los establecimientos dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS). La población, y particularmente las mujeres, han hecho uso y valorado el acceso a la atención para controlar su fertilidad desde el inicio de las actividades de planificación familiar.
El impacto demográfico de las actividades de planificación familiar ha sido notable. La tasa de fecundidad disminuyó, entre los quinquenios 1960 – 1965, y 2005 – 2010 en todos los grupos de edad. Entre los años 1983 y 2011, la tasa global de fecundidad, que era de 2.5 hijos por mujer en 1983, disminuyó a 1.9 hijos por mujer en el año 2003, y se ha mantenido constante hasta ahora, con una reducción de un 24,0% (Figura 1). Sin embargo, la disminución de la tasa de fecundidad en las mujeres de 15 a 19 años ha sido menor que el resto de los grupos. En este grupo la tasa bajó de 66,0 en 1983 a 50,4 en 2011, lo que corresponde a una disminución del 23,6%.
Figura 1: Evolución de la fecundidad en Chile.
Las políticas de salud pública desarrolladas en los últimos 50 años, especialmente la de regulación de la fertilidad, son, en gran medida, responsables del excelente nivel actual de los indicadores tradicionales de salud materno-infantil en Chile. Se han reducido en forma importante los egresos hospitalarios por aborto inducido y la tasa de mortalidad materna por aborto (Figura 2). En 1964, la tasa de Mortalidad Materna, era de 118 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos y de 66 en 1970. Entre los años 1990 y 2008, la mortalidad materna ha descendido de una tasa de 40, 0 a 19, 7 (-50, 75%) y la mortalidad por aborto ha descendido de 9,4 a 1,2 (-87,2%), por 100.000 nacidos vivos. El año 2011, la mortalidad materna alcanza una tasa de 18,5 y la mortalidad por aborto 3,2 por 100.000 nacidos vivos. (DEIS-MINSAL, 2012)
Figura 2: Porcentaje de mujeres en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos, Mortalidad Materna y Mortalidad por aborto entre los años 1951-2013.
- La institucionalización y persistencia, durante los últimos 50 años, de un sistema de salud pública de alcance y cobertura nacional.
- La existencia de profesionales con gran capacidad técnica y compromiso con la atención de las mujeres, especialmente las matronas en el nivel primario de atención.
- El nivel cultural alcanzado por la población y su confianza en las acciones que desarrolla la autoridad sanitaria.
Dentro de las metas de impacto establecidas en la ENS 2011-2020, y dada la actual situación epidemiológica, se encuentra disminuir el embarazo en adolescentes, problemática asociada a múltiples determinantes sociales, como la pobreza, nivel educacional e inequidades en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Para lograrlo, se plantean estrategias como aumentar el acceso de esta población a métodos de regulación de la fertilidad, acceso a consejerías en salud sexual y reproductiva, y acceso a preservativos para la prevención de ITS/VIH y Sida.
Entre los objetivos, definidos como orientación básica para el proceso de reforma sectorial, está continuar disminuyendo la Mortalidad Materna mediante la reducción de los embarazos no deseados y de alto riesgo. Otra de las metas de impacto es disminuir la insatisfacción de las usuarias, donde la valoración social del sistema de atención en salud depende no sólo de la capacidad resolutiva, de la oferta de servicios y de la calidad técnica de los profesionales, sino también de aspectos no médicos asociados a la atención.
El reforzamiento de las políticas destinadas a ofrecer a la población una atención de salud de alta calidad y pertinencia deberá permitir que, efectivamente, cada persona tenga la posibilidad de ejercer su derecho a decidir acerca del número y espaciamiento de sus hijos y a alcanzar y mantener un óptimo nivel de salud sexual y reproductiva. Este desafío responde a la obligación del Estado, no solo de dar continuidad a una política sanitaria de alto impacto, sino también de avanzar en el logro de los compromisos internacionales suscritos por el país y con los Objetivos Sanitarios nacionales para la década, de implementar la nueva legislación sanitaria, de modernizar la gestión pública y también en el imperativo ético, de responder a las aspiraciones de la sociedad civil en éste ámbito.
